Informe 006 – ¿A quién le importa el Acuerdo de Paz?

Informe 006 de 2018
5 de mayo de 2018

Colombia está en modo elecciones. El 11 de marzo se realizaron votaciones para elegir Senadores y Representantes a la Cámara y escoger candidatos de dos consultas interpartidistas. El 27 de mayo se realiza la primera vuelta de las elecciones para presidencia de la república.

Este informe del OIAP hace un primer análisis sobre el interés de las campañas de quienes aspiran a la presidencia de la República por el Acuerdo Final para la terminación de la guerra y la construcción de una paz estable y duradera, las menciones a cada uno de los seis puntos del acuerdo, sus anuncios en torno a la implementación del Acuerdo y sobre los compromisos asumidos por el Estado colombiano en ese marco y, en general, sobre la visión de paz de quienes aspiran a gobernar a Colombia entre 2018 y 2022.

Colombia está regido por un sistema democrático que realiza cada cuatro años elecciones para escoger presidente de la República, Congreso Nacional, gobernadores, alcaldess y corporaciones territoriales.

El sistema electoral establece dos vueltas para elecciones presidenciales, en caso de que ninguno de los aspirantes obtenga en la primera elección la mitad más uno de los votos del censo electoral, alrededor de 36 millones de personas aptas para votar.  El domingo 27 de mayo de 2018 se realizará la primera vuelta.

Dos candidatos fueron elegidos el 11 de marzo en consultas interpartidistas que funcionaron como una especie de “elecciones primarias”: Iván Duque de la Gran Coalición por Colombia y Gustavo Petro por la coalición “Inclusión social para la paz”. Por partidos políticos y “grupos significativos de ciudadanos” que recogieron firmas, se inscribieron otros cinco candidatos: German Vargas Lleras, Sergio Fajardo, Humberto de la Calle, Piedad Córdoba y Vivian Morales. El candidato del partido político que surgió del Acuerdo de Paz Rodrigo Londoño retiró su candidatura aduciendo razones de salud y el candidato por firmas Juan Carlos Pinzón renunció para asumir la candidatura a la vicepresidencia de Germán Vargas Lleras. Así mismo, Piedad Córdoba y Vivian Morales retiraron sus candidaturas, el 9 de abril y el 2 de mayo, respectivamente. Este análisis se hace, pues, sobre cinco candidatos: Gustavo Petro, Iván Duque, Sergio Fajardo, Germán Vargas y Humberto de la Calle.

¿A quién le importa el Acuerdo?

Las primeras elecciones presidenciales del post Acuerdo de Paz tienen el sabor agridulce de un proceso político que pareciera ocurrir en un país que no tuvo conflicto armado y, peor aún, que no logró un acuerdo para poner fin a esa confrontación.

Han transcurrido 17 meses desde que se firmó el Acuerdo Final en el Teatro Colón y la sensación es un tanto desoladora por las dificultades en el Congreso para aprobar las reformas que requiere el pacto firmado, los incumplimientos reiterados por parte del Estado y las FARC, los cambios provocados por la Corte Constitucional, el desinterés de la ciudadanía y la invisibilidad del tema en el debate electoral (que reafirma la preocupación por la suerte del Acuerdo en el próximo gobierno).

El país se acostumbró a la guerra de sesenta años y parece que se va acostumbrando a un post conflicto errático y contradictorio en términos de la implementación de lo acordado y de la emergencia de nuevos actores y factores de violencia.

No obstante, se registran hechos sobrevivientes que sacuden la inercia nacional y traen de vuelta (por vía de noticias negativas) los temas del Acuerdo al escenario político nacional: la captura con fines de extradición de Jesús Santrich, el confinamiento de Iván Márquez en el Caquetá, el congelamiento de los recursos entregados al partido político Farc para las elecciones del 11 de marzo y las denuncias de corrupción alrededor de los fondos destinados a la paz.

Estos hechos motivaron la reacción del candidato presidencial Humberto de la Calle que alertó al país sobre el estado crítico del proceso. “Se están tirando la paz (…) así en castellano, sin hipocresía, se están tirando la paz” dijo el ex negociador del Acuerdo, haciendo un alto en su campaña.

De la Calle acusó directamente a los aspirantes Iván Duque y German Vargas Lleras y al expresidente Álvaro Uribe de construir “un tejido de falacias y de odios que fueron conduciendo a buena parte de la población a la nostalgia de la guerra”. La alerta del aspirante liberal a la presidencia provocó la reacción del presidente Juan Manuel Santos a quien algunos sectores de la sociedad civil le han reclamado que lidere el cumplimiento del Acuerdo en los meses que faltan de gobierno.

En este contexto, se convocó la cumbre del 5 de mayo en Cartagena, donde se reúnen, otra vez y en medio de la crisis, el Jefe de Estado Juan Manuel Santos, el jefe de la Farc, Rodrigo Londoño Echeverri, el negociador Iván Márquez y los garantes internacionales Pepe Mujica y Felipe González.

Entre tanto, la campaña electoral sigue su marcha, con mensajes contradictorios de los candidatos frente al cumplimiento del Acuerdo y será la ciudadanía en las urnas la que decida, finalmente, la suerte de la paz.

Este informe del Observatorio de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz (realizado con el apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos OEI) intenta llamar la atención del país y de la comunidad internacional sobre la implementación del Acuerdo en clave de la transición del gobierno que firmó el pacto que le puso fin a una guerra y el nuevo gobierno que tiene la obligación nacional e internacional de implementarlo.

Descargar informe completo – ¿A quíen le importa el Acuerdo de Paz?

Informe 005 – La Paz en Deuda

Informe 005
Bogotá, 5 de enero de 2018

Los temas asociados al fin del conflicto armado contemplados en el Acuerdo y que tienen relación con la dejación de armas y la desmovilización de la guerrilla registran un avance normativo del 33% mientras que los temas que se refieren a la construcción de una paz estable y duradera, que tiene que ver con reforma rural integral, participación política y victimas registran un promedio de implementación del 10%.

Así lo establece el Observatorio de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz (OIAP) en el informe presentado hoy con motivo de la reunión en Cartagena del componente internacional de la Comisión de Seguimiento Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo (CSIVI).

Según el informe, la implementación normativa e institucional de todos los componentes del “Acuerdo Final para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera” suscrito entre el Estado y Las FARC EP el 24 de noviembre de 2016, alcanza el 18.3% lo que indica que en el primer año de la implementación la paz sigue en deuda.

El informe titulado “la paz en deuda” examina lo ocurrido en el Congreso de la Republica, el Gobierno Nacional y la Corte Constitucional durante el año 2017 y advierte sobre los peligros que enfrenta la implementación en el año que comienza.

“Con una coalición mayoritaria en el Congreso y el apoyo de la comunidad internacional
reforzado por el Nobel de Paz, el presidente Santos logró la implementación normativa del 18.3% del Acuerdo, aceptable para el gobierno, pero insuficiente para los más escépticos”, expreso Jorge Rojas, coordinador del Observatorio. Este año se acaba el gobierno que firmó el Acuerdo, hay elecciones para el congreso y se esperan dos vueltas para elegir presidente de la república y en este ambiente electoral de mucha pugnacidad política va a ser más difícil cumplir lo pactado” preciso Rojas.

A través de un “tablero de control” que hace seguimiento diario a la implementación normativa e institucional del Acuerdo Final suscrito entre el Estado y las FARC EP, el OIAP señala que los avances principales en 2017 tienen relación con el fin del conflicto (33%), mecanismos de implementación (23%) y participación política (19%), mientras que los temas de reforma agraria integral (5%), drogas ilícitas (6%) y victimas 9.3%) registran los mayores retrasos y obstáculos para su implementación. En diez puntos el OIAP resume su informe.

1. Se avanzó en el fin de la guerra pero el Estado sigue en deuda en la construcción de la paz. La implementación normativa e institucional del 18.3% en el primer año es importante pero insuficiente y pone en evidencia la falta de voluntad política y los múltiples obstáculos que enfrenta el Acuerdo Final

2. La implementación debe ser integral, más contundente y más intensa. El Estado aún no se articula ni se coordina para poner en marcha el Acuerdo (en armonía con el fallo de la Corte Constitucional)

3. En el primer año avanzan los asuntos procedimentales de la dejación de armas y el desmonte del aparato militar de la guerrilla, avanzan a medias las garantías y la seguridad de los excombatientes, se asegura la participación política (sin plenas garantías) del nuevo partido político, se niega la participación política de las víctimas y no se consolidan reformas sustanciales contempladas en el acuerdo (reforma rural integral y superación del problema de las drogas ilícitas)

4. La paz estable y duradera que enuncia el Acuerdo Final no será posible sin la implementación integral de los puntos1 y 4 referidos a la Reforma Rural Integral y solución al problema de las drogas ilícitas

5. Todo parece indicar que el Acuerdo Final y su implementación se someten a otra refrendación en las elecciones legislativas y presidenciales de 2018

6. El Acuerdo no es solo un asunto de política doméstica, lo firmado representa un compromiso del Estado con la comunidad internacional.

7. La sociedad colombiana no se apropia aún del Acuerdo. Las víctimas y las comunidades excluidas sienten el fin de la guerra pero aun no disfrutan de los derechos que supone la construcción de la paz

8. Se necesita un impulso transformador que permita hacer las reformas que precisa el Acuerdo y los cambios que necesita el país. Las instituciones dan muestras de incapacidad para hacer las reformas que demanda el AF y para auto-reformarse en función de la paz.

9. El Estado y la guerrilla firmaron el fin de la guerra pero la sociedad colombiana aún no encuentra el camino de un pacto nacional para transitar hacia la paz

10. Las FARC no van a volver a la guerra pero los mensajes equívocos del Estado, la postergación de transformaciones en el campo y el tratamiento contradictorio a los cultivos ilícitos pueden derivar en el surgimiento de nuevas formas de violencia rural y urbana en el país.

DESACARGAR INFORME COMPLETO – LA PAZ EN DEUDA

¿En qué va la implementación del Acuerdo?

Implementación del acuerdo de paz a diciembre del año 2017

Infograma detallado por punto del acuerdo

Infograma detallado por punto del acuerdo

Infograma detallado por punto del acuerdo

Infograma detallado por punto del acuerdo

Infograma detallado por punto del acuerdo

Informe Especial – Si la guerra fue impunidad, la paz debería ser justicia

Informe especial
Bogotá, 1 de noviembre de 2017

La implementación legislativa e institucional de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), considerada la columna vertebral del Acuerdo firmado hace casi un año entre el Estado y las FARC-EP apenas alcanza un 10% y su aprobación y reglamentación definitiva está en peligro por una creciente oposición política en el Congreso de la República y un ambiente hostil construido a partir de falsedades o de verdades a medias.

La JEP hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y garantías de No Repetición incluido en el punto cinco del Acuerdo Final para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera firmado el 24 de noviembre en el Teatro Colón de Bogotá. Este sistema acordado es reconocido en el mundo como un ejemplo de justicia transicional desde el reconocimiento de los derechos de las víctimas y el derecho universal a la paz y a la vida.

Si estos preceptos de verdad, justicia y reparación se cumplen y quienes firmaron el acuerdo aseguran que no habrá repetición, entonces será posible avanzar en la construcción de una paz estable y duradera.

Sin embargo, la implementación avanza de manera lenta y tortuosa y el escenario político se hace más difícil en la medida en que se acercan las elecciones para congreso y presidencia y en momentos en que la coalición de gobierno se disuelve. Los nuevos opositores se oponen a la implementación de la JEP, cuestionan la composición del Tribunal para la Paz, piden preservar la autonomía e independencia de la justicia ordinaria y advierten que la JEP es una herramienta para vincular a terceros que no han hecho parte de los grupos armados.

Se volvió un lugar común afirmar que la paz con las FARC-EP genera impunidad, lo que no solo no es cierto sino que parte de la premisa falsa de que antes no había impunidad. Justamente la impunidad ha sido una característica de la guerra y las cifras lo demuestran: 53 años de conflicto armado dejan un saldo de ocho millones de víctimas y una impunidad que ronda el 98%. Aun así, en el momento de la firma del Acuerdo se identificaron en las cárceles entre 3000 y 3800 personas integrantes de las FARC-EP y, por lo menos, mil militares en centros especiales de detención, acusados, sindicados o condenados por delitos cometidos con ocasión del conflicto armado.

Es evidente que los modelos de justicia ordinaria, de Justicia Penal Militar y de Justicia y Paz aplicados en tiempos de guerra no suplieron las necesidades de justicia de las víctimas y, en cambio,  es posible que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad y la Unidad para la búsqueda de personas desaparecidas contribuyan desde la paz a superar la impunidad.

El nuevo sistema ofrece la posibilidad de juzgar a los responsables de los graves hechos ocurridos con ocasión del conflicto y permite que se conozca la verdad como premisas para garantizar la no repetición.

Ahora bien, la guerrilla de las FARC-EP firmó la paz para hacer política sin armas y con garantías y la Jurisdicción Especial para la Paz es determinante para que se cumpla el acuerdo. Cambiar el espíritu del acuerdo ya firmado, ratificado por el Congreso y avalado por la Corte Constitucional ya no es posible. No obstante, es válido precisar el sometimiento de los exguerrilleros a la JEP y su participación en política y la forma en que pagaran sus penas en el marco de la justicia restaurativa, siguiendo el espíritu de los acordado.

Este informe se refiere al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y garantías de No Repetición, haciendo énfasis en la Jurisdicción Especial para la Paz y pretende dar cuenta del estado de la implementación de este modelo de justicia transicional (avances y obstáculos de las reformas constitucionales, leyes estatutarias, decretos con fuerza de ley y normas expedidas). Así mismo, se refiere al contexto político que caracteriza la discusión en el Congreso de la República, revisa las observaciones de la Fiscal del Tribunal Penal Internacional, establece una comparación con el modelo de justicia adoptada en los acuerdos de paz de El Salvador y ofrece una explicación pedagógica sobre el funcionamiento de la JEP.

Ahora bien, el análisis del punto cinco del Acuerdo revela una vez más que es imprescindible una implementación integral, armónica y articulada del acuerdo para garantizar su funcionalidad y articulación. Un ejemplo práctico es que si opera la JEP y los puntos 1, 2 y 4 (Reforma Rural Integral, Participación Política y Solución al Problema de las Drogas Ilícitas) no tienen garantizado un marco normativo e institucional de implementación, las penas restaurativas previstas no se ajustarán a los principios del Acuerdo.

El Observatorio de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz es una iniciativa ciudadana independiente que mide el grado de cumplimiento de los seis puntos y los anexos pactados el 24 de noviembre, a partir de las normas expedidas y su control constitucional, la identificación del marco institucional para la implementación, la disponibilidad presupuestal para su funcionamiento, territorialización de la implementación e impactos

Descargar informe completo – Informe Especial – JEP

 

Informe 004 – ¿Es posible una paz estable y duradera sin cumplir el Acuerdo Final?

Informe 004
Bogotá, 2 de octubre de 2018

Transcurridos los primeros diez meses desde la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto Armado y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, entre el Estado colombiano y las FARC-EP, el balance es precario. El cuarto informe del Observatorio de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz (OIAP) establece que la implementación alcanza un 18%, con una característica especifica: el estado actual de la implementación tiene que ver más con los puntos de dejación de armas y la conversión de las FARC en partido político, y en menor proporción con los temas de reforma política, y los puntos referidos a derechos sociales y económicos de las comunidades rurales en las zonas del conflicto.

A 59 días de la fecha límite para el trámite de normas por la vía rápida (fast track), es preocupante la lentitud o negativa de avanzar del Congreso de la República en asuntos sustanciales del Acuerdo como la Justicia Especial para la Paz, la reforma política, las jurisdicciones especiales de paz, la reforma rural integral y la sustitución de cultivos de uso ilícito.

A pesar de estas dificultades, un hecho contundente de la implementación del Acuerdo es que salva vidas. Desde la vigencia del cese bilateral del fuego y hostilidades hay una significativa reducción de las acciones ofensivas y combates con participación directa de las FARC que permitieron salvar vidas humanas y disminuir a la mínima expresión los casos de personas heridas. Según el Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto (CERAC), Colombia pasó de 867 acciones armadas atribuidas a las FARC en 2007, a 13 en 2016 y no hay reporte de acciones en 2017. El Hospital Militar Central informó que se pasó de cerca de 450 heridos en acciones de guerra en 2011 a menos de veinte en 2016 y menos de diez en 2017.

También es positiva la participación de las comunidades en las zonas del postconflicto y de la sociedad civil en la vigilancia ciudadana para exigir la implementación del Acuerdo y apropiarse de los puntos que tienen relación con la realización de derechos políticos, económicos y sociales postergados.

En cuanto a los decretos, leyes y actos legislativos adoptados, los siguientes cuadros resumen los avances y dificultades del marco normativo que requiere la implementación del Acuerdo en cada uno de sus puntos.

Descargar informe completo – Informe 4 – Será posible una paz estable y duradera sin cumplir el Acuerdo Final

Informe 003 – ¿De la política sin armas a la democracia sin garantías?

Informe 003
Bogotá, 24 de agosto de 2017 

La transición de las FARC-EP de guerrilla a partido político luego de la dejación de armas constituye el hecho más significativo nueve meses después de que el presidente Juan Manuel Santos, en su calidad de Jefe de Estado, y Rodrigo Londoño como comandante de las FARC-EP, firmaran el «Acuerdo Final para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera» en el Teatro Colón de Bogotá.

La pregunta obligada es si el Estado ofrece garantías para que las FARC-EP puedan hacer política sin armas, si la democracia colombiana le abre espacio a ese nuevo actor político y si la sociedad está lista para ver a los jefes guerrilleros en cargos de elección popular y en los escenarios del debate público. 

La respuesta tiene un margen de incertidumbre dadas las experiencias de otros procesos de paz  y la tendencia a rechazar o eliminar a los nuevos actores políticos.  En todo caso, en el cumplimiento y la implementación del Acuerdo Final están algunas de las claves para entender si efectivamente se va a profundizar o no la democracia y a consolidar la paz.

Un parto lento y difícil 

A nueve meses de la firma del Acuerdo Final, su implementación en términos legislativos, administrativos, institucionales, de apropiación presupuestal y puesta en marcha de las reformas acordadas apenas alcanza el 17%. 

El gobierno nacional, en un «golpe de timón» provocado dos días antes de que se terminaran las facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso de la República, expidió vía decretos con fuerza de ley y decretos ordinarios, 20 normas que le dieron un «nuevo aire» a la implementación, especialmente en los puntos 1, 3 y 4 del acuerdo referidos a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), reincorporación y Programa Nacionale de Sustitución de cultivos de Uso Ilícito (PNIS). 

En el Congreso el trámite de las iniciativas legislativas para la implementación, vía Fast Track, se complican cada vez más por el ambiente político que impone la cercanía del proceso electoral, el desgaste del gobierno después de 7 años de mandato y el colapso de la coalición de la «unidad nacional». La falta de voluntad política en el legislativo también se expresa en estrategias que combinan el ausentismo, la falta de quórum, la dilación de los debates y las demoras para votar los proyectos de ley. Para esta segunda legislatura han sido presentados 8 de los 20 proyectos de ley redactados, de los cuales solo 2 han sido aprobados. La prueba de fuego es el proyecto de reforma política, actualmente en discusión en el Senado. 

El otro actor del Estado en la implementación del Acuerdo Final es la Corte Constitucional, obligada a revisar la constitucionalidad de las normas expedidas. El rol del tribunal constitucional es clave para la integralidad del compromiso del Estado en la implementación y para la estabilidad jurídica del Acuerdo firmado y su continuidad en el tiempo. Una señal de preocupación es la declaratoria de inexequibilidad de los numerales J y H del Acto Legislativo 001 de 2016, que aseguraban que los proyectos de ley tramitados debían tener entera correspondencia con el Acuerdo Final. También genera inquietud la ponencia del magistrado Luis Guillermo Guerrero sobre el Acto Legislativo 002 de 2017 que busca eliminar del texto expresiones como “las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el acuerdo final”. 

Una última referencia de actores estatales en la implementación del Acuerdo Final son los entes territoriales llamados a ejercer acciones administrativas y de gobierno en función de la integralidad del Acuerdo. No obstante, los planes de desarrollo local y la modificación y actualización de los planes de ordenamiento territorial en alrededor 887 municipios del país podrían generar contradicciones el espíritu del Acuerdo de Paz y, en las zonas priorizadas, con la puesta en marcha de los PDET. 

La otra parte del Acuerdo Final es la guerrilla de las FARC-EP comprometida a dejar las armas, reincorporarse a la vida civil, transformarse en partido político, someterse a la justicia, contribuir al desminado en los territorios del conflicto, apoyar la sustitución de cultivos ilícitos y entregar bienes para la reparación.

Las FARC-EP terminaron con éxito el desarme, entregaron las coordenadas de las caletas y los listados de combatientes, milicianas y milicianos que hacían parte de la organización y de manera gradual han devuelto los niños y niñas que hacían parte de sus filas.  

Mención especial merece la Misión de Observación y Verificacion de Naciones Unidas que ha cumplido su papel en las zonas veredales de transición y normalización y despliega la segunda misión de acompañamiento a la implementación en los territorios en los que transcurrió el conflicto armado. 

Participación política: el Acuerdo de Paz para la sociedad

En todos los procesos de paz, el primer año de la implementación ha sido clave para determinar su cumplimiento por parte de quienes lo suscriben. Todo indica que los mayores avances corresponden a la dejación de armas, a la reincorporación y al tránsito de la guerrilla a partido político. Aún son lentos y poco eficaces la puesta en marcha de mecanismos de protección y seguridad, derechos humanos, desmonte del paramilitarismo e implementación de la Justicia Especial de Paz. La mayor lentitud corresponde a los temas de reforma agraria y sustitución de cultivos, realización de derechos sociales, inversión en zonas de conflicto y participación.

Es evidente que los aspectos más críticos del cumplimiento del Acuerdo corresponden a la Reforma Rural Integral (punto uno del Acuerdo) y la sustitución de cultivos ilícitos (punto cuatro del Acuerdo) que sólo registran un 6,9% de la implementación. La solución al problema de las drogas ilícitas, que implica igualmente estrategias para la prevención del consumo alcanza un 3,8%, mientras que las estrategias de control de la comercialización de cultivos ilícitos van en un 2%. Dos asuntos cruciales de garantías tienen que ver con el desmonte de las estructuras del paramilitarismo, cuya implementación es del 16% y la adopción de medidas para garantizar el respeto a los derechos humanos que es del 10%.

Ahora bien, buena parte del éxito del llamado “postconflicto” reside en la implementación de las medidas necesarias al aumento de la participación política de sectores excluidos históricamente como las poblaciones rurales y los movimientos sociales. El Acuerdo Final prevé al menos siete transformaciones para una mayor participación, entre ellas las garantías para la movilización pacífica, reforma política y electoral, la creación de las Circunscripciones Especiales para la Paz y el Estatuto de la Oposición. Respecto de estas dos últimas transformaciones, los avances son considerables. Sin embargo, en lo que respecta a las garantías plenas para la movilización, así como la participación social, los avances han sido mínimos o inexistentes. Esta situación afecta principalmente a las comunidades, las organizaciones y movimientos sociales, poniendo de presente que el Acuerdo no solamente busca brindar garantías políticas para las FARC-EP, sino para el conjunto de la sociedad colombiana.  

El proceso de implementación del Acuerdo Final comprende a su vez garantías políticas para el tránsito de las FARC-EP hacia la política sin armas. En primer lugar, las garantías de seguridad necesarias para la vida de las personas en proceso de reincorporación. A nueve meses del día D, el Plan Estratégico de Seguridad aún no ha sido formulado y el cuerpo de seguridad depende de la aprobación en el Congreso de la ley orgánica que se requiere para la ampliación de la planta de la Unidad Nacional de Protección.

Un aspecto crítico de la implementación es el de las amnistías e indultos que ha avanzado en un 60%, de un listado de 3843 guerrilleros y guerrilleras, 2294 han sido excarcelados y 1569 siguen privados de la libertad. En cuanto a la reincorporación política se resalta la expedición del Acto Legislativo 003 de 2017 que permite, posterior a la dejación total de armas, la constitución del nuevo partido político de las FARC-EP, gracias a estos avances, al finalizar este mes tendrá inicio el Congreso del nuevo partido del cual surgirán los estatutos que les permitirán inscribirse ante el Consejo Nacional Electoral.

El más reciente informe de la iniciativa no gubernamental “Somos Defensores” establece que en los primero seis meses del año 2017 han sido asesinados 52 líderes sociales, casi siempre asociados a sustitución de cultivos ilícitos, reclamaciones de tierras y liderazgo social.

El hecho más preocupante, que afecta la credibilidad y la confianza en el Acuerdo de Paz es que en nueve meses de vigencia han sido asesinados 24 excombatientes de las FARC-EP o familiares de exguerrilleros, según uninforme de NC Noticias, en una práctica que ha sido común a todos los procesos anteriores de dejación de armas y que pone en entredicho la reconciliación y la consolidación de la paz.

En conclusión, el Acuerdo Final suscrito hace nueve meses entre el Estado colombiano y las FARC-EP avanza a un ritmo lento y diferenciado entre el fin del conflicto y las reformas sociales pactadas. Es evidente que la prioridad del Estado es el desarme y la reincorporación de la guerrilla, más que la Reforma Rural Integral y la sustitución de cultivos. No es buen mensaje prolongar y aplazar la realización de derechos sociales de las comunidades mas afectadas por el conflicto armado y, mucho menos, negar en la practica las garantías que se necesitan para que las FARC-EP hagan politica y las comunidades puedan ejercer sus derechos sin el temor de perder la vida. La paz sostenible y duradera es tambien un asunto de derechos sociales.

Informe 002 – Todo nos llega tarde, hasta la paz

Informe 002

La “bendita” costumbre de dejar todo para última hora

Observatorio para la Implementación del Acuerdo de Paz

El mismo Gobierno siempre insistió en fechas para establecer límites de tiempo en el proceso de paz con las FARC-EP y esos plazos, con muy pocas excepciones, se han cumplido. El Acuerdo fijó

Informe 001 – El túnel del tiempo: los retos de la implementación del Acuerdo

Informe 001
Bogotá, 24 de agosto de 2017 

La “paz estable y duradera” anunciada en el “Acuerdo Final para la terminación del conflicto armado” enfrenta tiempos críticos para la puesta en marcha de la implementación, 150 días después de la firma en el Teatro Colón y 425 días antes de que termine el gobierno del presidente Juan Manuel Santos.

Estos tiempos críticos tienen que ver con:

1. La urgencia de poner en marcha en el primer año un marco constitucional y legislativo que incorpore el Acuerdo en el ordenamiento interno, un marco institucional que garantice la gobernabilidad del Acuerdo, asignaciones presupuestales que hagan realidad su ejecución y un Plan Marcoque asegure su operatividad y continuidad

2. Los términos fijados para las facultades legislativas del gobierno y el procedimiento de fast track para aprobar las reformas

3. Los tiempos electorales que se avecinan en un escenario político difícil para la implementación y un marco normativo que limita la acción administrativa y frena la contratación

Si bien el Acuerdo representa el paso más importante del país para superar un conflicto armado de más de cinco décadas y constituye un ejemplo de construcción de paz reconocido por la comunidad internacional, el proceso de implementación es lento y los pocos avances aún no se traducen en hechos efectivos para los integrantes de la guerrilla, para la gente en los territorios de la guerra, para las víctimas y para el ejercicio pleno de la democracia.

Aun así, hay avances importantes en la aprobación de actos constitucionales y de leyes que ofrecen un marco jurídico para el cumplimiento de los puntos referidos a Amnistías e indultos, víctimas, Estatuto de la Oposición. También hay acciones ejecutivas que permiten avances concretos en temas como la participación de las comunidades en los territorios priorizados para la acción gubernamental. No obstante, la puesta en marcha de este conjunto de normas aprobadas toma tiempo y no se traduce en acciones efectivas.

La integralidad del Acuerdo exige acciones armónicas y articuladas del Estado y la realidad burocrática impone un ritmo diferenciado que, en ocasiones, puede paralizar aspectos cruciales de la implementación y ofrece riesgos en la consolidación de la paz.

El seguimiento de la implementación tiene como un obstáculo la falta de información oficial oportuna que permita un monitoreo permanente del Gobierno, de las FARC-EP, de la sociedad civil y de la comunidad internacional.

En esta dirección, el Observatorio de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz presenta un “Tablero de Control” como una herramienta que permita identificar en las líneas de tiempo acordadas los avances, obstáculos y alertas en la implementación, con el propósito de contribuir al cumplimiento de lo acordado entre el gobierno y las Farc.

Este ejercicio metodológico fue elaborado por un grupo de profesionales de diferentes disciplinas y personas con experiencia en el campo de la administración pública y se inscribe dentro de los esfuerzos ciudadanos para ejercer un monitoreo al Acuerdo Final para hacer realidad el derecho y el deber constitucional de la paz.

Al entregar a la Delegación de Paz de las FARC-EP, a la opinión pública y a la comunidad internacional este instrumento de monitoreo, el Observatorio presenta algunos resultados de la implementación en temas que motivan nuestra preocupación.

A la fecha se han aprobado dos actos legislativos, dos Leyes, cuatro Decretos Ley y ocho decretos ordinarios, la postergación de debates de proyectos de ley necesarios a la implementación refleja una ausencia de voluntad política que exige mayor participación de la ciudadanía para que el Congreso cumpla su deber. Hay alerta sobre el marco normativo que se requiere para la Reforma Rural Integral, Participación política y el fin del conflicto.

Los tiempos fijados para el desarme y la reincorporación están en riesgo. El día D más 180 se acerca sin que se defina la seguridad jurídica de los integrantes de las FARC y con resultados precarios en términos de indultos y amnistías. A la fecha han salido por amnistía de jure 196 guerrilleros de las cárceles, se ha otorgado libertad condicional a 29 personas de las FARC-EP, se han ordenado por fallo judicial 72 traslados a Zonas Veredales de Transición y Normalización. De una lista de 2736 nombres entregados por las FARC-EP a la Oficina del Alto Comisionado de paz se han certificado 1777. LA implementación del cuerpo de seguridad y protección a los miembros de las FARC-EP previsto por el Acuerdo está atrasado. La reincorporación de las y los guerrilleros es la primera garantía de no repetición para la sociedad colombiana.

El Observatorio reconoce el cumplimiento de las FARC-EP en sus responsabilidades para la implementación del Acuerdo Final. Desde finales de enero, las tropas guerrilleras se han desplazado hacia Zonas Veredales aún no construidas, han iniciado a partir de marzo el proceso de dejación de armas a pesar de la ausencia de disposiciones de seguridad para el almacenamiento de las mismas y sus delegados ante la CSIVI han realizado una labor responsable de seguimiento al proceso de implementación.

No avanza con la celeridad que se requiere el proceso gradual, voluntario y concertado de sustitución de cultivos de uso ilícito y la atención integral a las familias que dependen de esos cultivos. Al contrario, hay una doble política de sustitución y de erradicación que deja a las comunidades en total incertidumbre frente a su situación y ha generado ya situaciones de violencia en algunas regiones del país.

A esto se suma la lentitud en los mecanismos de reforma agraria integral, restitución, fondo de tierras y realización de derechos sociales en zonas rurales, las demoras en la implementación de los puntos referidos a la tierra y el narcotráfico alientan la irrupción de nuevas formas de violencia rural y pone en riesgo la sostenibilidad de la paz.

En el ejercicio dela implementación deben concurrir las autoridades territoriales, gobernadores y alcaldes, cuyos planes de desarrollo local y planes de ordenamiento territorial deben tener armonía con el Acuerdo de Paz, entendido como una política púbica que compromete a toda la institucionalidad del Estado.

El Observatorio reafirma que el compromiso de la paz debe involucrar al conjunto de la sociedad civil, no sólo para legitimar el Acuerdo sino también como una contribución efectiva que apoye al gobierno en la responsabilidad de asegurar su implementación. En esa dirección debe entenderse el apoyo de la comunidad internacional y la urgencia de garantizar la vida de las personas que en las zonas del conflicto trabajan por la defensa de los derechos humanos y la organización y participación de las comunidades.